En esta ocasión, voy hablarles
de la proliferación de algunas clínicas dentales y de su agresiva publicidad
que no solo desinforma sino que puede configurar lo que en derecho comercial
sería una publicidad engañosa. En esta primera entrega hablaré
de los capitales que soportan este tipo de negocios y el mero interés
comercial de los mismos.
Desde el punto de vista
estatal el esquema del aseguramiento en salud en nuestro país ha permitido la
integración vertical que les da vía libre a las EPS, para contratar a sus
propias IPS, de manera que la misma aseguradora es la que administra a sus
usuarios, les presta el servicio y además les cobra.
La entrada de inversionistas
no profesionales de la salud y la perversa interpretación de la Ley 100 ha
generado un cambio de roles entre el prestador y el usuario, quienes se han
venido convirtiendo, los primeros en empleados de patrones mercantilistas y los
segundos que antes eran pacientes en clientes.
El modelo ha prosperado en un
medio donde la mano de obra especializada, no encuentra un trabajo digno y
validado por una legislación que permite
la explotación del profesional, quien es vinculado a estas empresas sin ninguna
contratación, sin seguridad social y trabajando a destajo (Porcentaje).
Ahora bien desde el punto de
vista privado algunos inversionistas han llegado a nuestro país aunque sus
empresas están siendo requeridas e investigadas en sus países de origen, por
lavado de activos, y evasión de impuestos como el caso de Vitaldent* en España.
Existe una sensación generalizada que algunas de estas clínicas son “lavaderos”
de dólares lo que les permite manejar costos muy por debajo del mercado.
El esquema en el que se
privilegia el ingreso monetario antes que la ética, pasa por encima de
cualquier consideración y se basa en contratación por porcentaje (El
profesional debe llevar su propio instrumental y en ocasiones insumos),
establece estrictas políticas de ahorro en todo sentido lo que influye en
calidad y cantidad de insumos disponibles y exige unos márgenes de rentabilidad
elevados imponiendo unas metas que para ser cumplidas requieren un manejo
masivo de pacientes y en muchas ocasiones el verse abocados a realizar
tratamientos no indicados o sobre-tratamientos.
La publicidad en donde se
mencionan entre otros: tarjetas de vinculación, 50% en segundo tratamiento, los
“todo incluidos” y los “combos”, (términos tomados de campañas de hotelería y comida rápida) etc.; es una
publicidad muy poco veraz y termina siendo un simple gancho para conseguir
clientes. Al final de cuentas el paciente paga por todo con costos camuflados
en contratos de incomprensible letra
menuda.
Desde el punto de vista de
control, la Secretaría de Salud de Bogotá, con su exigente esquema de
habilitación, ha logrado cerrar por hallazgos e inconformidades mayores a
algunos de estos centros, los cuales están nuevamente funcionando a los quince
días con una nueva razón social y un nuevo representante legal.
Es importante hacer
consciencia de esta situación y entender que nuestra salud oral y la de
nuestros hijos no puede estar en manos de economistas y analistas financieros,
que privilegian rendimientos y márgenes por encima de la ética y la búsqueda real
de bienestar que deberían continuar siendo los principios de nuestra noble
labor.
Hasta la próxima.
Dr. Juan Carlos Carreño R.
Ortodoncista
Ortodoncista
